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Según hemos podido saber gracias a JURISEVILLA, El Juzgado Mercantil número 7 de Barcelona ha dictado sentencia a favor de Televisión Autónomica Valenciana S.A. en la demanda presentada por esta contra la empresa Mediapro por incumplimiento de los contratos firmados por ambas empresas.

La sentencia declara que Mediaproduccion S.L.:

"es responsable de los daños y perjuicios que el incumplimiento de los contratos de 25 de agosto de 2006 y 12 de febrero de 2010 se hayan derivado a TVV"

Por lo que la televisión autonómica tiene derecho a ser indemnizada por los mismos, según ha informado Radio Televisión Valenciana (RTVV) en un comunicado.

Recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre un interesante caso que tenía como protagonistas a Raúl Baena, futbolista del RCD Espanyol y al FC Barcelona.

Baena, jugador nacido en Torrox (Málaga) es descubierto por los ojeadores del FC Barcelona cuando formaba parte de las categorías inferiores del Málaga CF e incorporado en 2002, con solo 14 años, a la cantera culé. Como suele ocurrir en este tipo de casos, los menores suelen firmar un contrato “tipo”  con las siguientes características. Se firma un contrato como “no profesional” valedero hasta 2010, con una penalización de 30.000 € en caso de que el jugador decidiera romperlo unilateralmente, al mismo tiempo se firma un precontrato como profesional que se haría efectivo para cuando alcance la mayoría de edad estableciéndose una indemnización de  tres millones de euros en caso de que dicho contrato no se firme.

En 2007, cuando el jugador cumple 18 años decide no firmar este contrato y deposita los 30.000 € que especificaba su clausula en un Notario para liberar su ficha y firma por el RCD Espanyol, lo que le lleva al FC Barcelona a demandar al futbolista solicitándole casi 3,5 millones por incumplimiento de contrato y cláusula penal resarcitoria, correspondiente a los 3 millones de euros establecidos en el pre-contrato firmado + el IPC.

El Tribunal Supremo en Sentencia de 3 de julio de 2012, considera que son deducibles en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de un torero, al tener la naturaleza de gastos de promoción, los gastos derivados de la compra de entradas en los espectáculos en los que interviene como “matador” para regalar las mismas a periodistas, medios de comunicación, representantes de otros toreros, empresarios y general personas claves en la contratación dentro del mundo taurino.

Son gastos, de promoción,  que si bien no son necesarios son “convenientes” y “conforman un elemento promocional de su actividad y que tienen un impacto evidente en la posibilidad de ser contratado, bien para más plazas bien para plazas de mayor categoría”, recoge el Fallo.

Lunes, 17 Diciembre 2012 11:51

COMENTARIOS A UNAS INTERESANTES SENTENCIAS

COMPENSACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA CON CRÉDITO DEL CONTRIBUYENTE FRENTE A LA HACIENDA PÚBLICA POR DEVOLUCIÓN DE I.V.A. PIGNORADO POR EL MISMO A FAVOR DE UN TERCERO. SENTENCIA TS 11/07/2011.

Considera la Sentencia reseñada, que la compensación  es procedente a pesar de la pignoración. Es decir que la pignoración queda sin efecto.

Todo ello en base a que el tercero, acreedor garantizado del contribuyente, no forma parte  de la relación jurídica tributaria.

Nuestro desacuerdo con la Sentencia. Una cosa es la relación jurídico tributaria y otra los créditos nacidos de ella.

La Sentencia creemos que supone un ataque inadmisible al principio de seguridad jurídica.

Nos hacemos eco de la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que ha declarado abusivos que los bancos fijen un interés de demora del 18% en préstamos con garantía hipotecaria y reduce su cuantía a 2,5 veces el interés legal del dinero al momento de firmarse el préstamo.

La parte demandada, Bankoa argumentó a favor de esos intereses del 18% diciendo que habían sido pactados libremente entre ambas partes y que no podía considerarse abusivo ya que fueron inscritos por el Registrador al inscribirse la hipoteca. Para la A.P., al tratarse de intereses moratorios suponen una sanción para la persona que está en mora. Por ello, se puede acudir al artículo 1.154 del Código Civil, que permite al juez modificar equitativamente la pena. Respecto del otro argumento de Bankoa, para el juzgador el hecho de que una cláusula sea pactada libremente entre las partes no supone que se pueda pactar una cláusula abusiva.

Tal como publicábamos el día 9 de febrero de 2012 y el 7 de septiembre en este blog, el Gobierno del Partido Popular había  cumplido lo prometido : la reinstauración generalizada, para todos los contribuyentes del IRPF,  de la deducción por adquisición de vivienda habitual, independientemente de su nivel de renta o de las características de la misma. Incluso ha ido más lejos, al rescatarla con efectos retroactivos al uno de enero de 2011.

Ya manifestamos que no entendíamos la medida al venir incluida en un paquete de subida generalizada de impuestos y ajustes así como su carácter retroactivo, con efectos al 1 de enero de 2011.

El error y arbitrariedad de la medida con efectos al 1 de enero de 2011 ha supuesto un coste para la Hacienda Pública de 145 millones de euros según los datos aportados por la Secretaria de Estado de Presupuestos y no ha estimulado en absoluto el mercado inmobiliario, si queda aún algo del mismo, como estaba previsto.

Viernes, 05 Febrero 2010 13:27

DERECHO A SALIR DE NAZARENO

A riesgo de parecer, por el bizarro título del post,  que instauramos el viernes como día del humor, lo cierto es que la noticia que leemos en Diario de Sevilla es bastante más seria de lo que en principio parece encierra su título.

La sentencia dictada por un Juzgado de Violencia a la mujer de Sevilla ha sacado a la luz muchos de los problemas que se encuentran los jueces en los procesos de divorcio.

Y es que no solo se ha utilizado a los hijos, en este caso, como "arma arojadiza" contra una de las partes, acusando falsamente que eran objeto de malos tratos, si no que además se ha demostrado que la parte denunciante no permitía el cumplimiento del régimen de visitas solicitado por el otro cónyuge, lo que ha llevado a la juez a establecer un riguroso calendario estableciendo los periodos que los menores (de 5 y 11 años) han de pasar concada progenitor, incluidos el periodo vacacional de la Semana Santa, lo que ha llevado a la juez a manifestar en autos que:

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